Viernes, 09 Febrero 2018 00:00

ONU exige al régimen de Maduro frenar crisis que condena a venezolanos a la pobreza y a la muerte

 
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El informe destaca principalmente cómo más del 50 por ciento de los venezolanos han entrado en pobreza extrema El informe destaca principalmente cómo más del 50 por ciento de los venezolanos han entrado en pobreza extrema Foto William Urdaneta

Es el hambre. Es la falta de medicinas. Es el éxodo que ha costado vidas. Es la pobreza que aumenta. Eso y más llevó a la ONU a pronunciarse este viernes en un tono lejos de la diplomacia habitual: las Naciones Unidas clamaron, mediante un informe, que el régimen de Nicolás Maduro enfrente, de una vez por todas, la crisis humanitaria que ha matado a muchos venezolanos y que acepte la ayuda internacional que, en más de una ocasión, ha procurado que se magnifique la desgracia que padece el país.

@marcosdavidv

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En un tono alejado de las tibiezas habituales que imponen los protocolos diplomáticos, la Organización de Naciones Unidas se pronunció este viernes sobre tres de las aristas más ásperas de la crisis venezolana: la gente que se muere de hambre, la que no recibe las medicinas que necesita y el éxodo en el que han fenecido no pocos.

No son unos tales los pronunciados. Se trata de: Leilani Farha, relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho a la salud; y Philip Alston, relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, los que desglosaron en un informe las condiciones en las que viven no pocos venezolanos.

“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, exponen los cuatro relatores. Todo, claro, como consecuencia de políticas desacertadas que, durante los últimos años, han prevalecido desde la esfera gubernamental, devenida en dictadura desde 2016.

La ONU explica que el punto de quebranto fue justamente ese año, en el que las cifras de pobreza se dispararon y generaron la expulsión de miles de connacionales.

“Se estima que en 2016 más del 50 por ciento de la población vivía en pobreza extrema, cifra que sin duda se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2.400 por ciento en 2017”, subrayaron los expertos.

Sin miramientos 

La traducción de la ONU respecto de todo el paquete de vejámenes al que están sometidos los venezolanos se resume en una frase: violaciones de derechos humanos.

“Muchas personas están sufriendo desnutrición, y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer”, apunta el documento.

Se detiene en tres ámbitos: el primero es el de las medicinas. “El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”.

En segundo término, el hambre. En este contexto, Hilal Elver detalla: “Para el final del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. Otras estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1.3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición”.

Y por supuesto, esté el tema de la vivienda. Leilani Farha, otra de las relatoras, denuncia que el Estado no solo menosprecia el derecho a una casa, sino que utiliza todo el poder de su fuerza represiva contra quienes, por la misma ausencia de soluciones, se ven forzados a hacer de cualquier cosa un techo.

“Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle. Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos”, detalla Farha.

Pronta y eficazmente 

Si fue el gobierno de Nicolás Maduro el que metió al país en eso no es un tema en el que se inmiscuye la ONU. En lo que sí se inmiscuye es en el exhorto a enfrentar la crisis. Y ya.

“Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Sin señalar responsabilidades (en el que, a modo editorial de quien esta nota firma, se resalta la destrucción de la economía), añade: “Exhortamos al Gobierno a reexaminar las políticas y decisiones que han llevado a Venezuela, un país rico, a esta crítica situación de derechos humanos”.

Con el comunicado de la ONU cierra una semana en la que la comunidad internacional ha afincado tanto críticas como acciones en contra de la dictadura.

El martes, por ejemplo, Estados Unidos asomó que afina más sanciones en contra de los funcionarios de la dictadura. Dos días después, fue la Unión Europea la que aseguró tener en la mira tanto a Maduro como a su cúpula militar.

Otro de los golpes fue el jueves: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que comenzará investigaciones para determinar si durante el lapso de protestas de 2017, Maduro y sus fuerzas represivas cometieron crímenes de lesa humanidad.

Una voz venezolana también relució en las denuncias no contra el madurismo en sí, sino contra el Estado desde Hugo Chávez: Linda Loaiza, quien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó la responsabilidad de ese mismo Estado por las torturas y la explotación sexual que padeció durante varios meses de 2001.

La ONU, por tanto, decidió que no podía seguir en tonos diplomáticos. Para rematar, concluyó: “No podemos dejar de señalar que estas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales suceden en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.

Visto 1313 veces Modificado por última vez en Sábado, 10 Febrero 2018 20:38

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