“Estamos ante un problema que no es de uno o de dos; es de escala nacional. Esto define no solo nuestro presente, sino también define la Venezuela del futuro, la de los próximos 30 años”, indicó Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, en la presentación del informe Somos Noticia 2018.

Hasta 2019, el Estado aún no ha reconocido que la movilidad de los venezolanos fuera del país es un problema que requiere políticas públicas específicas. Ante esta situación, casi 14% de la población se convirtió en migrante, lo que significa además que 943.117 niños, niñas y adolescentes tienen a uno o dos padres fuera del país.

“Estamos ante un problema que no es de uno o de dos; es de escala nacional. Esto define no solo nuestro presente, sino también define la Venezuela del futuro, la de los próximos 30 años”, indicó Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, durante la presentación del tercer capítulo del Informe Somos Noticia 2018.

Para ejemplificar lo que significa el dato grueso de niñez dejada atrás, Saraiba explicó que solo esta población de niños supera la población total del estado Nueva Esparta. Incluso, se trata de 25 mil salones que hoy están afectados por la movilidad humana de Venezuela.

Este grupo etario, entonces comienza a padecer cambios o alteraciones en el comportamiento: sensación de abandono, desánimo, entre otras cosas. “Casi un millón de niños y adolescentes que requieren una atención especializada no reciben ningún tipo de apoyo psicosocial para enfrentar esta situación”, dijo Saraiba.

En este documento se maneja un balance de la migración venezolana y cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes. También se encuentra el registro de la presencia en medios de este grupo etario, así como el resultado de una investigación in situ de la situación en la frontera de Venezuela con Colombia, por el departamento de Arauca.

Para el tercer capítulo del informe Somos Noticia 2018, el equipo de Cecodap creó alianzas con la Universidad Simón Bolívar, Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela y con Datanalisis. Es así cómo, la investigadora y profesora de la Universidad Simón Bolívar, Claudia Vargas, fue la encargada de realizar el apartado de migración.

Entre sus hallazgos se encuentra que desde 2018 los emigrantes venezolanos son más jóvenes. “Mientras en las etapas anteriores encontrábamos una edad promedio entre 22 y 23 años de edad, en espera de culminar sus estudios universitarios, actualmente las edades oscilan entre 15 y 59 años. La emigración es joven y además buena parte de ella incluye a la población económicamente activa, es decir, la fuerza de trabajo, donde también se encuentran menores de edad, cuyo indicador significa la emigración o salida de familias completas”, expuso Vargas.

Consecuentemente, estos datos se corresponden con los arrojados por la encuestadora Datanalisis, que en alianza con Cecodap concluyeron que la principal vocación migratoria es de aquellos que tienen entre los 18 y 23 años edad, con un 60,7% de intención de dejar el país. De igual forma, la población con 60 años o más es la que presenta mayor resistencia a la idea de migrar, siendo el 87,1% de las personas que afirman no haber considerado irse del país este último año.

Según la investigadora, esto significa que Venezuela está en riesgo de perder su productividad en el mediano y largo plazo por no contar con el activo fundamental para hacerlo que es la gente y el conocimiento.

Emigrar por salud y alimentación parece ser clave en esta última etapa. De hecho un reciente informe mundial sobre crisis alimentarias elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea (UE) y otras organizaciones internacionales señala que 1.500.000 de los venezolanos que ha emigrado no tiene las posibilidades de garantizar su alimentación.

Debido al incremento acelerado de los flujos migratorios de los venezolanos, y al desorden que trae consigo, se generan dinámicas de informalidad, xenofobia, trata de personas, trabajo forzoso. Esto significa que la situación al emigrar podría mejorar aspectos como acceso a servicios básicos y alimentación, pero otros problemas se mantienen, en este caso inseguridad social.

El escenario de Venezuela conduce a la formación de familias trasnacionales donde “sus miembros viven separados físicamente unos de otros una parte o la mayor parte del tiempo”, cita la investigadora. Vargas también puntualizó que aumentó el número de solicitud de asilo a 232.000 en 2018, frente a 111.600 en 2017.

Migración y su afectación en la niñez

Cecodap ha comprendido que la migración es una realidad que hace y hará parte de nuestra realidad social. En esa medida, la movilidad humana se ha vuelto una prioridad de trabajo y producto de ello este informe constituye un esfuerzo en darle dimensión al impacto que posee la migración forzada en niños, niñas y adolescentes.

En la última encuesta, realizada por Datanalisis para Cecodap se encontró que 30,3% de las familias reporta que al menos un miembro del hogar ha migrado en los últimos 5 años.

Es decir, al menos 1 de cada 3 familias reporta la migración de uno de sus miembros.

Con este y otros datos levantados por la encuestadora se pudo estimar que 4.692.129 venezolanos viviendo fuera de Venezuela; lo que se corresponde con la cifra aportada por el equipo de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela que sitúa el total de migrantes venezolanos en 4.626.968. Es decir que al menos el 14,36% de la población total del país se convirtió en migrante.

En el 2019 puede afirmarse que en un 19,1% de los hogares donde se ha producido migración hay reporte de retorno a Venezuela. Esto implica que un 17% de las personas que han migrado retornaron nuevamente al país. Ello no significa que estas personas no volverán a migrar, dado que aunque pueden haber presentado dificultades en el país escogido como destino ello no les haya hecho desistir de la idea de migrar.

“Necesitamos que haya un reconocimiento por parte del Estado de la crisis migratoria. Incluir el enfoque de niñez y de migración para mayor protección de la niñez. Cerrar la frontera no frena la migración, la convierte en más peligrosa”, indicó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

Indicador de la niñez dejada atrás

La migración forzada de venezolanos afecta de forma diferenciada y específica a los niños, niñas y adolescentes, suponiendo en 2019 que al menos uno de cada cinco migrantes deja un niño atrás en Venezuela.

En 2018, desde Cecodap se estimaba que al menos unos 849 mil niños, niñas y adolescentes aproximadamente se habían visto afectados por la migración de sus padres. Para el 2019 podemos afirmar que como mínimo este número aumentó a 930.020, pudiendo inclusive ascender a 943.117. Esto supone, en consecuencia, un incremento de 81.020 niños, niñas y adolescentes.

Si se adopta como base poblacional de niños, niñas y adolescentes la suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 11.030.473, podríamos hablar de un porcentaje de entre 8,43 a 8,55% del total de niños, niños y adolescentes del país. Esto significa alrededor de 25 mil aulas de clase, o más que la población entera del estado Nueva Esparta (828.185 personas).

¿Quién queda a cargo?

En 51% de los casos son los abuelos los que se posicionan como principales cuidadores de los niños, niñas y adolescentes afectados por la migración de sus padres. Esto es una reducción del 4,4% respecto al año 2018.

Así mismo, aumenta la proporción de madres como cuidadoras, quienes pasan de 30,4% en 2018 a 41,2% de 2019. En el caso de los padres con el contrario se aprecia una disminución en relación al 2018, donde pasa de 16,1% a 7,8% en 2019.

Debe identificarse que en los hogares donde ambos padres conviven con sus hijos, el padre tiende a migrar en relación 2 a 1 respecto a las madres.

¿Están preparadas las familias para esta responsabilidad?

En relación a cómo los cuidadores perciben su preparación para hacer frente a las exigencias que supone la acogida de los niños, niñas y adolescentes tras la migración de sus padres la investigación revela que hubo una reducción en esta percepción.

De 51,8% en 2018 a un 31,4% en 2019, las familias creen que no están preparadas para dicha responsabilidad. Se puede entender que las personas han entendido la complejidad que supone el cuidado de un niño, niña o adolescente. En esa medida se aprecia una tendencia a percibir de forma más crítica la preparación para el ejercicio de los cuidados de los niños por parte de sus familiares.

En cuanto a la comunicación de los padres que han migrado con sus hijos, se aprecia que en 2019 96,1% de los padres afirman comunicarse de forma regular con sus hijos e hijas, lo cual reporta una reducción de 2,1% respecto al año 2018, sin embargo, dicha variación no resulta estadísticamente significativa.

Dicha comunicación es ejercida esencialmente de forma virtual, especialmente llevada a cabo a través de la utilización de WhatsApp en un 89,8%; lo cual permanece constante en 2019. Seguida de un 44,9% a través de llamadas telefónicas; aumentando en un 10,4% y en tercer lugar a través de Facebook en un 28,6% de los casos; incrementando en 2%.

Las remesas para los niños de la casa

Uno de los elementos críticos que impulsa a la migración forzada de venezolanos son las remesas familiares.

Se aprecia que un 88,2% de los migrantes reporta enviar remesas para cubrir la manutención de los niños, niñas y adolescentes, describiendo un ligero aumento de 0,7% respecto al año 2018.

En ese sentido, el 42,2% de los encuestados reporta el envío de remesas entre 10 a 50 dólares por niño al mes. Sin embargo, el dinero enviado alcanza para dos dólares diarios por niño. Es decir, no puede afirmarse que sea un monto que permita satisfacer plenamente todos los requerimientos que estos puedan presentar.

Cecodap advierte que al momento de tomar la decisión de migrar muchos padres y madres desconocen cuánto será el monto que podrán enviar a sus familias, lo cual les lleva a tomar decisiones sin la información suficiente para mitigar los riesgos derivados de los procesos migratorios.

Riesgos y vulneraciones a los DD HH de los niños migrantes en Arauca

Cecodap, con el apoyo de Save The Children, realizó en el mes de julio de 2019 una misión de campo en el departamento de Arauca (Colombia) para documentar, visibilizar, sensibilizar e intercambiar experiencias en relación a la atención de población en niñez en contextos de movilidad humana.

El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm) reporta al mes de agosto 2019 la presencia de 1.447.171 venezolanos en territorio colombiano, de los cuales más de la mitad se encuentra actualmente en situación irregular, siendo un total de 699.677 personas. El número de venezolanos que se encuentran en situación migratoria regular son 677.313.

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población del departamento de Arauca es de 273.321 habitantes. Tiene además una población de migrantes venezolanos de 42.890, siendo el departamento colombiano con mayor población venezolana en relación a la población colombiana. Al 30 de abril de 2019 se conoce de 538 solicitudes de refugio.

De acuerdo al Gifmm local de Arauca, diariamente ingresan a Colombia a través del paso formal 2.400 personas, con unas 2 mil salidas. Solo hay 400 personas que ingresan con vocación de tránsito o permanencia cada día. Conviene insistir en que solamente se tiene un paso formal, llegando a existir hasta 24 informales, lo cual permitiría proyectar la magnitud que puede tener el volumen de migrantes a través de estos puntos.

Principales vulneraciones

Derecho a la salud: hubo un incremento en los casos de dengue. Se reportan 152 casos de dengue, lo cual supone 142 casos más que en 2018. El Gifmm atribuye el aumento de estos casos al impacto de la migración. Así mismo, aparece reporte de 44 casos de sífilis gestacional, siendo 34 más que en el año 2018.

Derecho a la educación: al mes de agosto de 2019 unos 4.800 niños, niñas y adolescentes se encuentran inscritos en el sistema educativo del Departamento de Arauca. No obstante, el Gifmm reconoce que el 52% de los niños, niñas y adolescentes migrantes no asiste a la escuela. Uno de los factores claves identificados se asocia con la falta de documentación suficiente por parte de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, lo que constituye un impedimento para la inscripción formal en el sistema escolar.

Derecho a la seguridad

En 2019, de 115 casos de violencia de género registrados, 57,4% fueron contra niñas entre los 0 a 11 años de edad. De la misma forma se tiene que 60% de los casos de violencia sexual y género afecta a niñas hasta los 11 años de edad. Es decir, los niños, niñas y adolescentes son el 80% de las víctimas de violencia sexual en el departamento de Arauca.

En el mes de abril de 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió el incremento del reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos irregulares armados. Dentro de las zonas más vulnerables identificadas se encuentran las áreas rurales. Se reporta que 80% de los casos que ocurren de vulneraciones asociadas al impacto del conflicto armado no son denunciados.

Se tiene reporte de 75 casos de niñez no acompañada, solo en 2019. Reportes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) planteaba que en su monitoreo de la situación enero-junio 2019 tuvo una incidencia de 113 casos para toda la región.

Derecho a la identidad: el 5 de agosto, el Gobierno de Colombia firmó una resolución en la que se otorga la nacionalidad a niños, niñas y adolescentes nacidos en Colombia de padres venezolanos y que tienen nacionalidad por definir. En el contexto de Arauca se tienen 1.062 niños y niñas en riesgo de apatridia que pudieran beneficiarse de dicha resolución. En la visita al departamento colombiano, se apreciaron dificultades en la implementación debido a los ritmos burocráticos de dichas instituciones, lo cual dificulta la garantía de lo dispuesto en la resolución y el ordenamiento jurídico.

Los niños en los medios

En este informe el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) se aproxima por primera vez al tema de infancia y libertad de expresión, al conjugar un análisis de cobertura periodística en materia de salud durante el año 2018.

El responsable de presentar la información fue el periodista Armando Altuve, quien indicó que la cobertura de hechos relacionados con la crisis de salud y su impacto en niños en 2018 ocupó espacio en medios de comunicación digitales independientes, pero no en los medios oficiales que responden a una línea editorial que resalta únicamente la versión del Gobierno, a pesar de que estos espacios, además de ser financiados con recursos públicos, deberían dar cabida a la pluralidad de pensamiento.

“En esta oportunidad, se analizó la información periodística contenida en tres medios nativos digitales de alcance nacional (dos privados y el tercero estatal) y las versiones en línea de dos impresos de referencia y circulación nacional: El Pitazo, Efecto Cocuyo, Agencia Venezolana de Noticias, Últimas Noticias y El Universal, respectivamente”, mencionó Altuve.

En los medios independientes se registró la cobertura sobre las denuncias que pesan sobre el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, el aumento de la incidencia y las muertes por desnutrición en niños, niñas y adolescentes y el incremento de la mortalidad por enfermedades crónicas e inmunoprevenibles asociadas a fallas del sistema de salud pública.

Mientras que en los medios oficiales, no se visibiliza la cobertura del sufrimiento de las familias que padecen la violación de su derecho a la salud. Estos medios de comunicación se enfocan en la publicación de jornadas de vacunación o dotaciones puntuales de insumos y equipos a los hospitales.

El Índice de Libertades Periodísticas de IPYS Venezuela también ha consultado en los años 2015, 2016 y 2017 si los periodistas han decidido, voluntariamente, no difundir una información o aspectos de alguna información ya confirmada de temas de infancia, que no fuera por razones de falta de calidad, espacio o jerarquización.

La dimensión de los periodistas autocensurados ha oscilado entre 8,8% (en 2015), 6,7% (con otro más alto 7,1% que evitó fijar postura sobre este planteamiento, en 2016) y 9,4% (en 2017). Son datos que no pasan de un dígito, pero que en sí mismos representan una evidencia de que también en temas de infancia existen temores de cobertura periodística y/o difusión en medios de comunicación.

“Superar la realidad actual de los derechos a la libertad de expresión y libertad de información de los niños, niñas y adolescentes, en particular sobre la fuente de salud, pasa porque más medios de comunicación mantengan cobertura permanente de estos temas y no únicamente cuando se activan emergencias coyunturales en el presente social de referencia”, precisa IPYS en su informe.

Agregó que se requiere que los medios asignen a reporteros que le den seguimiento, e incluso, emprendan investigaciones en el área de salud infantil, que se especialicen en estas temáticas, que se multipliquen los espacios de aprendizajes para los comunicadores y que cuenten con el acompañamiento de las sociedades médicas y especialistas. (Prensa Cecodap)

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