La Intersectorial de Trabajadores de Guayana continúa los reclamos por la recuperación de sus beneficios contractuales y las empresas básicas, al tiempo que reclaman el cese de la usurpación en Venezuela.

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) cumplió un año de fundación. Esta organización que aglutina a la dirigencia sindical y trabajadores del parque industrial y otras empresas y gremios en la región, nació producto de las luchas que iniciaron el año pasado cuando a partir de la última reconversión monetaria de Nicolás Maduro violentaron los contratos colectivos y perdieron decenas de beneficios.

“Hace un año nos quitamos las camisas de los partidos políticos y nos pusimos la de la lucha por Venezuela. Nos organizamos para ver cómo rescatábamos los contratos colectivos”, recordó el dirigente sindical de Venalum, Fernando Serrano.

Recordó también que las protestas que lideraron el año pasado en reclamo de sus beneficios, salarios según el tabulador, HCM, vacaciones, utilidades, prestaciones, entre otros, tuvieron como respuesta del régimen mayor persecución. En 2018 fueron detenidos 10 trabajadores de Ferrominera Orinoco, incluyendo el secretario general del sindicato, Rubén González -preso en la cárcel La Pica-, y cuatro de Venalum.

Este año, empleados y dirigentes de Corpoelec también fueron arrestados por denunciar la desidia de la dictadura y lo que ocurre con el Sistema Eléctrico Nacional, mientras otros salieron del país tras liberarse orden de captura en su contra.

“No nos queda más que seguir luchando por las reivindicaciones salariales y violaciones de los derechos humanos que el régimen ha venido cometiendo desde el 20 de agosto de 2018, cuando eliminaron las hojas de cálculo y tablas salariales”, manifestó Ángel Brito, secretario de Finanzas de Sutrapuval.

Señaló que en Venalum el 90% de los trabajadores no está asistiendo y hoy se dedican al trabajo informal en los mercados, en las minas o vendiendo gasolina.

“Del resto, Venalum se dedica a pagar bonos quincenales a los que acuden a la empresa, al resto los discrimina no entregándoles la caja de alimentación y eso”, afirmó.

Sobre el caso de Rubén González, próximo a cumplir un año preso, Jorge Machuca, uno de sus abogados, manifestó: “El tema de Rubén González no es un problema sindical, es una piedra en el zapato porque podía ser la mecha que enfrentara al gobierno en estos días”.

Yarudid González, hija de Rubén González, destacó que como familia y a propósito de que se acerca la época decembrina, tenían la esperanza de la liberación, considerando que forma parte de la lista de presos políticos.

González fue apresado cuando precisamente regresaba con otros trabajadores de Caracas, donde marcharon para exigir el respeto a los contratos colectivos y el cese de la persecución. Fue juzgado bajo un tribunal militar y sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.

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